R. Saá: "Ninguna de las muertes en las comisarías estuvo vinculada a la pandemia ni a las medidas tomadas"

El gobernador Alberto Rodríguez Saá dijo que la responsabilidad de saber qué pasó, es de la Justicia. Sus declaraciones salieron desenfocadas con una realidad que desde el primer momento puso en tela de juicio el comportamiento de la Policía de San Luis, y que se acercan a la violencia institucional.

A nivel nacional, el caso más resonante fue el de Morales. Lo consideraron un caso de abuso policial, como otros ocurridos durante la cuarentena en el país. Fue en ese sentido que un grupo de legisladores solicitó la interpelación de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Además, para la ONU Argentina esa muerte fue un femicidio.

Esta tarde, en una conferencia que duró tres horas y donde Rodríguez Saá repasó todo lo que hizo su Gobierno para frenar el avance del coronavirus, por primera vez reflexionó sobre sucesos que antes nunca requirieron su pública preocupación. Como sí lo fue, por ejemplo, el crimen de George Floyd, en manos de la policía norteamericana, considerado un acto de abuso y racismo.

“La chica de Santa Rosa, dramático, tremendo, ella fue a la Comisaría y ahí pasó lo que pasó. No tenía que ver la pandemia. En Villa Mercedes, el chico tenía un arma, o algo así, tampoco tenía que ver la pandemia”, respondió cuando un periodista le pidió un análisis personal de esos hechos.

Ambas muertes entraron en la lista nacional de casos de violencia institucional junto a los episodios de brutalidad policial ocurridos en Chaco y Tucumán. Desde el Gobierno nacional se comunicaron con el gobernador y desde el Congreso se hicieron eco con pedidos de explicaciones a la ministra de seguridad. El senador Nacional, Claudio Poggi reclamó que el secretario de Derechos Humanos acuda a la Cámara Alta.

Durante la pandemia, también murió una tercera persona, Mario Cortés, entre el límite de La Paz y Merlo. De ese caso, el gobernador puntano también dio su opinión: “El chico de Merlo, fue frente al terraplén, al costado, fue a dejar a una señora, el auto de detuvo, o se inclinó, se le fue el auto y murió arrollado. Vos construís un camino, o un puente o cualquier obra y lo estás haciendo del Estado por el bien común, si en ese lugar ocurre tragedia, no es que la provocamos nosotros, se nos escapa. Es un dolor enorme, la familia no debe tener consuelo”.

Para Rodríguez Saá, “ninguno de los tres casos estuvo relacionado a la pandemia o a las medidas tomadas”.

Pero con el inicio de la crisis sanitaria por el Covid-19, el Gobierno decidió cerrar todas las fronteras y desarrollar intensos controles. El terraplén fue una consecuencia de ello.

“Siempre en las comisarías deben cumplirse los protocolos, hacer que la persona que está detenida pueda hacer una llamada, porque es desesperante, estar encarcelado, preso, aislado, privado de libertad; y la intolerancia o alguno pasado de rosca, se evita con un llamado telefónico, a la familia o al abogado que hace un puente de control. Pero todos esos protocolos están. Ahora, qué pasó lo tiene que decidir el juez. Para nosotros es dolor”, expresó.

La madre de Franco, Sandra Bravo, no escuchó la voz de su hijo por última vez. Cuando el teléfono le sonó, del otro lado era un policía que le pedía que se acercara a la CANAF para retirar al chico. Cuando llegó lo primero que le dijeron fue que “había violado la cuarentena” y que por eso se lo llevaron. Pero la Policía después informó que entre sus ropas, Maranguello “tenía dos cuchillos”. La mujer firmó los papeles de rigor y esperó, esperó varias horas sin saber que en la celda el menor de sus hijos ya estaba muerto. En declaraciones a la prensa, relató que recién pudo verlo en la morgue, y que solo le entregaron, envuelto en una bolsa, un pantalón corto.

Morales (de 39 años) y Maranguello (de 16 años) murieron en la celda donde fueron encerrados. Ella en Santa Rosa del Conlara, y él en Villa Mercedes. La Policía informó que las dos situaciones se trataron de suicidios. Desde entonces las familias descreen la versión oficial y fueron más allá.

Según la palabra policial, la mujer fue detenida por no respetar el aislamiento social. La encontraron transitando por la calle, en bicicleta, el día que no le correspondía (en ese momento regía la circulación de acuerdo a la terminación de DNI). Entonces el procedimiento se desarrolló teniendo en cuenta las disposiciones provinciales.

Nunca el Gobierno respondió por qué un menor que debía estar al resguardo en una dependencia (acondicionada especialmente para los jóvenes de esa edad) pudo quitarse la vida. El abogado de la familia sacó a la luz las irregularidades cometidas en el procedimiento policial, y solicitó la concreción de una nueva autopsia. Además presentó un habeas corpus para que la provincia cesara con las detenciones de menores y respetara los tratados nacionales e internacionales de protección que resguardan su integridad.

“Que el juez haga justicia. Te duele en el alma que ocurra en tu provincia, y si no es suicidio que paguen los responsables. Que queden transparentes y claras todas las decisiones”, dijo al final el gobernador.